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Inclusión electoral

  Autor:  Fernanda López Mendiolea

El próximo domingo 5 de junio se realizarán en el estado de Puebla y en otras entidades del país elecciones para la gubernatura y es importante preguntarnos ¿cuántas personas con discapacidad física, intelectual o motriz votarán ese día en México?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía , Estadística e Informática (INEGI), en México existen más de 300 mil personas con algún tipo de discapacidad en edad de votar, sin embargo, pocas ejercen este derecho, la falta de información y de condiciones para ello, son las principales razones.

Al respecto, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 29, “Participación en la vida política y pública”, señala: “Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar; -25- b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás…”.

A pesar de que México ha firmado y ratificado dicha Convención, lo cierto es que falta mucho por hacer en esta área, no solamente para garantizar que puedan votar, también para que puedan ser parte del proceso electoral, por ejemplo como funcionarios de casilla y como candidatos. En muchas ocasiones son discriminados y prefieren no salir a votar, por eso se han presentado casos de personas que quieren ejercer su derecho y que han tenido que pelear para lograrlo.

Alberto Salas, tiene parálisis cerebral y teniendo credencial para votar, en el 2012 no le permitieron votar, por lo que él y su familia iniciaron una lucha con el todavía Instituto Federal Electoral (IFE), para que los funcionarios de casilla, así como los materiales electorales tuvieran la información necesaria para garantizar su voto y el de las personas con discapacidad.

Por su parte Ricardo Adair es un joven con síndrome de Asperger que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera el fallo del juicio de interdicción que le dio a su madre su tutela, privándolo de tomar decisiones propias, uno de ellos el derecho a votar. Es importante decir que este juicio es un mecanismo legal que busca proteger a las personas con discapacidad y a todas aquellas que se considera no pueden tomar decisiones por sí mismas, sin embargo este tema lo abordaré en otra ocasión.

Retomando el tema, existen “huecos” en las disposiciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer estos derechos como cualquier ciudadano; otro caso, en febrero de este año a Aleida Flores una docente pensionada de Durango, con ceguera se le negó se participación como funcionaria de casilla, todo esto nuevamente evidenció la realidad de la discapacidad y los derechos político-electorales en nuestro país y de la necesidad de lograr su inclusión, es decir, el garantizar su legítimo derecho en estos procesos.

Un último ejemplo, en abril pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dio a conocer al Instituto Nacional Electoral (INE), que todos los partidos políticos debían poner subtítulos a los promocionales para garantizar la información política de las personas con discapacidad auditiva y dijo que los partidos deben utilizar el “diseño universal”, para que todas las personas tengan acceso a la misma.

La autoridad electoral está ultimando detalles para los próximos comicios, pero, ¿todas las casillas tendrán materiales para las personas con discapacidad visual o auditiva?, ¿rampas y adecuaciones para quienes tienen discapacidad motriz o están en silla de ruedas?, ¿los funcionarios de casillas están preparados para garantizar su voto libre secreto y sin discriminación?, ¿seguirá vigente la guía “Elecciones sin Discriminación” o sólo era para las elecciones del 2015?

Lo cierto es que la garantía de los derechos políticos de las personas con discapacidad es parte de su inclusión en la sociedad y si tienen credencial para votar y están en la lista nominal, no se les puede negar su derecho al sufragio, a la información, ni a su participación en la organización de las elecciones, sin importar si tienen síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo o alguna otra discapacidad intelectual, física o motriz, como a ninguna persona.

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